Antecedentes
1. Sobre el rol de la minería en Ecuador:
1.1. El Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2020-2030 (en adelante el “Plan”) representa la máxima directriz de la política pública minera para el periodo 2020-2030 y, por lo tanto, es un instrumento de planificación sectorial cuya finalidad es la de motivar las decisiones a mediano y corto plazo que se tomen en el sector minero.
1.2. Según el Plan, el sector minero contribuye con el 1,6% del PIB del Ecuador. Asimismo, se indica que el porcentaje de participación de la minería en el PIB de Ecuador se encuentra por debajo de varios de los países de la región. A pesar de lo anterior, respecto a la balanza comercial del sector minero, en el periodo 2010-2019 se registró un superávit. Los principales destinos de exportación del sector fueron Estados Unidos, India, Turquía, Suiza y Emiratos Árabes Unidos.
1.3. El Plan señala la gran importancia del sector para el desarrollo económico nacional, puesto que el 53% y el 43% de la inversión extranjera directa de los años 2018 y 2019 provino de la industria minera. Este dato se vuelve más importante al considerar que el porcentaje restante de la inversión extranjera directa proviene de 8 sectores y ninguno de ellos contribuye en un porcentaje mayor al 11% del total.
1.4. Se identifican cinco proyectos estratégicos cuya inversión acumulada ejecutada entre el 2007 y el 2019 es de US$2.685 millones. Los proyectos son Fruta del Norte, Mirador, Río Blanco, Loma Larga y San Carlos Panantza.
1.5. La inversión total ejecutada del sector minero en el periodo 2007-2019 alcanzó US$3.428 millones, considerando los proyectos conocidos como estratégicos, de segunda generación, subasta o remate, adjudicación directa de ENAMI y pequeña minería.
1.6. Adicionalmente, señala que en el año 2019 el sector minero generó 132 mil empleos directos e indirectos que se repartieron de la siguiente forma:
i) Minería artesanal, 12 mil empleos en total, de los cuales 4 mil son directos y 8 mil indirectos;
ii) Pequeña minería, 77 mil empleos en total, de los cuales 19 mil son directos y 58 mil indirectos; y
iii)Mediana y gran minería, 42 mil empleos en total, de los cuales alrededor de 11 mil son directos y 31 mil indirectos.
2. Sobre el combate a la minería ilegal
2.1. En Ecuador existen puntos de minería ilegal en al menos 21 provincias.
2.2. Se indica que (i) las inspecciones de seguimiento y control en el año 2019 se incrementaron en un 16,35% desde el 2018; (ii) existió un incremento de un 68,16% al compararse los operativos del 2019 con los del 2018, puesto que se realizaron 490 operativos en el año 2019; y (iii) existió un incremento del 235% en el material decomisado en el año 2019 respecto al año 2018.
2.3. Finalmente, reconoce que la minería ilegal, contraria a la legal, genera una gran cantidad de impactos negativos para el medio ambiente y la salud de las personas.
3. Sobre el Catastro Minero
3.1. En su diagnóstico, el Plan informa que el Catastro Minero está en un proceso de depuración y que, luego de la obtención de una base de datos en diciembre de 2019, se pueden corregir los errores de registro, para luego contar con información depurada que permitirá la reapertura del Catastro Minero en el año 2021.
4. Sobre los vacíos normativos
4.1. En desarrollo de actividades de diagnóstico para la elaboración del Plan, se identificaron diversos vacíos normativos y, por ende, se recogen propuestas de modificación de la Ley de Minería, el Reglamento General a la Ley de Minería, el Reglamento del Régimen Especial de Pequeña Minería, el Reglamento Especial para la Explotación de Materiales Áridos y Pétreos, el Reglamento del Régimen Especial para el Libre Aprovechamiento de Materiales de Construcción para la Obra Pública, el Instructivo de Modificación del Régimen de Minería Artesanal a Pequeña Minería, el Instructivo para el Otorgamiento de Concesiones Mineras de Materiales Metálicos, el Instructivo para el Otorgamiento de Permisos para Labores de Minería Artesanal, el Instructivo para Autorizaciones para Plantas de Beneficio, Fundición y Construcción de Relaveras y el Acuerdo Ministerial No. 2017-019.
4.2. Por otro lado, se identifica la necesidad de generar tres normativas: (i) un instructivo para la presentación de informes anuales y semestrales de producción, comercialización y auditorías; (ii) un instructivo para establecer el procedimiento de otorgamiento de demasías mineras; y (iii) un procedimiento para el ajuste de coordenadas.
4.3. Respecto a propuestas normativas para la mediana y gran minería, el Plan señala, entre otros temas, que en la actualidad el Viceministro de Minas se encuentra trabajando en (i) una propuesta de modelo de contrato de explotación minera para el régimen de gran minería con el fin de generar un ambiente de seguridad jurídica para los concesionarios; (ii) una propuesta de fórmula de regalías mineras para la mediana y gran minería; y (iii) una propuesta de normativa para la simplificación de la obtención de la auditoría ambiental para la renuncia o reducción de un área minera.
Propuesta
1.Visión:
1.1. El Plan Nacional Minero contiene la siguiente visión respecto al futuro de la minería en Ecuador:
Al 2030 la minería en el Ecuador será considerada como uno de los pilares de la economía Nacional en el marco de una gobernanza fortalecida y transparente, con normativa óptima, actualizada y eficiente que convierta a la industria en una actividad social y ambientalmente sostenible reconocida por su aporte al mejoramiento económico y crecimiento social del Ecuador.
2. Estructura:
2.1. La política pública minera tendrá 6 ejes:
i) Desarrollo económico: Industria relevante para la economía nacional.
ii) Sostenibilidad ambiental y social: Buenas prácticas ambientales y de salud.
iii) Investigación y desarrollo: Promueve investigación, innovación y el emprendimiento para el desarrollo del sector.
iv) Gestión y administración: Promueve una administración pública articulada.
v) Regulación y combate a la minería ilegal: Busca fortalecer la administración y el control del Estado.
vi) Normativa: Promueve un marco normativo sólido.
2.2. Dentro de los objetivos estratégicos se destacan, entre otros:
2.2.1. Posicionar al sector minero como industria relevante de la economía nacional, promoviendo mayores niveles de inversión con un desarrollo competitivo y sostenible;
2.2.2. Armonizar las relaciones entre los diversos actores mineros, propiciando el desarrollo de las áreas de influencia mediante mecanismos de participación y diálogo, garantizando una efectiva participación ciudadana;
2.2.3. Promover la adopción de buenas prácticas ambientales y de seguridad ocupacional en la industria minera que garanticen un aprovechamiento integral y responsable de los recursos minerales;
2.2.4. Desarrollar procesos de planificación especial en áreas de influencia de proyectos de trascendencia nacional y zonas económicas de desarrollo especial, con consulta previa, libre e informada, veeduría ciudadana y control social;
2.2.5. Generar catastros e información de base territorial confiable;
2.2.6. Fomentar la exploración y prospección en el espacio oceánico y marino costero; y
2.2.7. Promover la generación de la normativa referente a los procesos de consulta previa a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas para los casos en que las decisiones o autorizaciones gubernamentales puedan influir en sus territorios.
2.3. Estos objetivos informarán las políticas públicas y lineamientos específicos en el sector minero.
3. Metas e indicadores:
3.1. En lo relativo al desarrollo económico, el Plan busca que para el año 2024 se alcance (i) una variación del 75% del Producto Interno Bruto del sector minero respecto del año 2019; (ii) una variación del 61% de la recaudación tributaria del sector minero respecto del año 2019; y (iii) una variación del 200% de las exportaciones del sector minero respecto del año 2019.
3.2. Respecto a sostenibilidad ambiental y social, el Plan pretende, entre otras cosas, que para el año 2024 se alcance el 100% de la difusión de la política pública minera para generar las condiciones idóneas de gobernanza y gobernabilidad necesarias para el desarrollo de los proyectos mineros. En este sentido, la gobernanza se refiere a la calidad de respuesta que ofrece el Estado, mientras que la gobernabilidad se basa en la capacidad técnica y política con la que el Estado cuenta para dar solución a las demandas de la sociedad.
3.3. En cuanto a investigación y desarrollo, el Plan busca que para el año 2024 se alcance el 64,23% del territorio nacional evaluado en cuanto a la disponibilidad de recursos minerales en áreas no exploradas a escala 1:50.000 – 1:100.000.
Consejo Editorial
