Proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID 19

Se incluye, de forma expresa, a las instituciones del sistema financiero popular y solidario que no gocen de exención del impuesto a la renta, como sujetos pasivos de la contribución.

Se incluyen los ingresos por enajenación de acciones en la parte que fueron considerados base imponible para el cálculo del impuesto a la renta.

Se excluyen los ingresos percibidos en relación de dependencia y los ingresos extraordinarios.

Sobre los ingresos no relacionados con las actividades de administración o representación se calculará la contribución de forma separada.

Si existe una reducción en sus ingresos a partir del mes de abril de 2020, la base imponible para el cálculo será el ingreso percibido en febrero de 2020.

Se prevé que, mediante decreto ejecutivo, se establezcan exoneraciones o rebajas para quienes hubiesen sido “gravemente afectados económicamente“ durante el estado de excepción.

Se prevé que, mediante decreto ejecutivo, se establezcan exoneraciones o rebajas para quienes hubiesen sido “gravemente afectados económicamente“ durante el estado de excepción.

Los empleadores actuarán como agentes de retención de sus empleados.

Los empleadores actuarán como agentes de retención de sus empleados.

Los funcionarios públicos que perciban una remuneración igual o superior a USD $1,000 contribuirán con el 10% de la misma, en tanto que los funcionarios que perciban una suma inferior pagarán la contribución en aplicación de la tarifa progresiva.

Se excluyen, del pago de la contribución, a los funcionarios públicos pertenecientes a los sectores de salud y al sector de educación en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a los pertenecientes al sector de seguridad y emergencias en todos los niveles de gobierno, incluidas las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los cuerpos complementarios de seguridad.

Una vez que culmine el plazo para el pago de la contribución, la remuneración mensual de todos los funcionarios públicos de la Función Ejecutiva y de empresas públicas que sea igual o superior a USD $1,000, se reducirá permanentemente en un 10%. Se exceptúa, de esta reducción permanente, a los funcionarios públicos de los sectores de salud, educación y a aquellos pertenecientes a Fuerzas Armadas y Policía Nacional

Se excluyen, del pago de la contribución, al personal de salud.

Las demás funciones del Estado distintas de la Función Ejecutiva realizarán los análisis y ajustes que correspondan, a fin de implementar medidas similares a las establecidas para este efecto por la Función Ejecutiva.

• Una vez suscritos los acuerdos deberán ser informados al Ministerio del Trabajo, quien supervisara su cumplimiento.

• Se preveía la prohibición de despido en caso de celebración de acuerdos. Asimismo, en caso de terminación aun con la prohibición, se señalaba una indemnización adicional.

• Solo se autoriza impugnar estos acuerdos generales si se advierten actos de fraude a acreedores.

• El desvío de fondos o su uso indebido a favor de accionistas y administradores o en perjuicio de los empleados será considerado como quiebra fraudulenta.

• Se mantiene la obligación de informar al Ministerio del Trabajo, quien supervisará su cumplimiento.

• El acuerdo será bilateral y directo entre cada trabajador y su empleador. Sin embargo, en el caso de las grandes empresas, se requerirá, además la aprobación de la mitad más uno del total de trabajadores.

• Se establece que, en caso de producirse el despido del trabajador dentro del primer año de vigencia de esta Ley, las indemnizaciones se calcularán con la última remuneración percibida por el trabajador antes del acuerdo.

• Solo se autoriza impugnar estos acuerdos si se advierten actos de fraude a acreedores.

• El desvío de fondos o su uso indebido a favor de accionistas y administradores o en perjuicio de los empleados será considerado como quiebra fraudulenta.

• Durante la vigencia de los convenios generales, las empresas no podrán repartir dividendos, ni despedir a los empleados.

• Los empleadores no podrán usar sus recursos para gastos suntuarios o innecesarios, ni reducir el capital de la sociedad durante la vigencia de los acuerdos generales.

• Los acuerdos generales se aprobarán por la mayoría de los trabajadores y surtirán efectos para toda la planta.

• Los acuerdos generales serán considerados títulos ejecutivos.

• Si la suscripción del acuerdo general es imprescindible para la subsistencia de la empresa y no existe aceptación de los trabajadores, se podrá iniciar el trámite de liquidación de la empresa.

• Durante la vigencia de los convenios generales, las empresas no podrán repartir dividendos.

• Los empleadores deberán utilizar recursos de la empresa con eficiencia y Transparencia. No podrán reducir el capital de la sociedad durante la vigencia de los acuerdos generales.

• En caso de que se alcancen acuerdos con la mayoría de los trabajadores y el empleador, estos serán obligatorios incluso para aquellos trabajadores que no los suscriban y oponibles a terceros.

• Se establece la posibilidad de negociación colectica, se los suscribirá entre los representantes legítimos de los trabajadores y el empleador

• Se elimina la calidad de título ejecutivo de los acuerdos.

• Si la suscripción del acuerdo general es imprescindible para la subsistencia de la empresa y no existe aceptación de los trabajadores, se podrá iniciar el trámite de liquidación de la empresa.

• En el caso de grandes empresas, el acuerdo deberá contar obligatoriamente con la supervisión del Ministerio de Trabajo.

• El Ministerio autorizará sumariamente a las asociaciones de trabajadores o empleadores como centros de mediación para conflictos laborales.

Este procedimiento constituirá requisito previo a cualquier acción administrativa o judicial posterior en materia laboral.

• Duración máxima de dos años renovables por una vez.

• A su terminación se pagará el desahucio, que correspondiente al 25% del último salario por cada año completo de trabajo.

• Si fenece el plazo y el contrato sigue, se convertirá en indefinido.

• Puede ser implementado por (i) nuevas empresas; (ii) compañías actuales que abran nuevas líneas de negocios, que amplíen, extiendan o modifiquen su giro del negocio, que incrementen oferta de bienes o servicios o que lo requieran para su sostenibilidad y para la conservación de las fuentes de ingreso.

• La jornada laboral podrá ser parcial u ordinaria, con un rango entre veinte y cuarenta horas semanales.

• La jornada podrá estar distribuida en máximo seis días a la semana, sin sobrepasar las ocho horas diarias.

• Duración máxima de un año renovables por una vez.

• Al terminar el plazo del contrato o si la terminación se da por decisión unilateral del empleador o trabajador antes del plazo indicado, se pagará el desahucio, que correspondiente al 25% del último salario por cada año completo de trabajo.

• Si fenece el plazo y el contrato sigue, se convertirá en indefinido.

• Puede ser implementado por (i) nuevas empresas; (ii) compañías actuales que abran nuevas líneas de negocios, que amplíen, extiendan o modifiquen su giro del negocio, que incrementen oferta de bienes o servicios o que lo requieran para su sostenibilidad y para la conservación de las fuentes de ingreso.

• La jornada laboral podrá ser parcial u ordinaria, con un rango entre veinte y cuarenta horas semanales.

• La jornada cumplirá con los máximos establecidos en el Código del Trabajo.

• El Ministerio deberá escuchar a ambas partes antes de emitir su autorización.

• La medida que podrá durar máximo dos años renovables por una sola vez.

• La remuneración y el aporte a la seguridad social se harán en función de la jornada reducida.

• Mientras dure la jornada reducida, la empresa no podrá repartir dividendos ni despedir a sus empleados.

• Si hubiere despidos, se indemnizará a los trabajadores con tres sueldos adicionales a las indemnizaciones previstas en el Código del Trabajo y otros cuerpos legales.

• Las micro, pequeñas y medianas empresas deberán notificar a la autoridad de trabajo, indicando el período de aplicación de la jornada reducida y la nómina del personal a quienes aplicará la medida.

•La medida que podrá durar máximo un año renovable por una sola vez y contando con la autorización del Ministerio del Trabajo.

• La reducción podrá hacerse hasta el 50%

• La remuneración y el aporte a la seguridad social se harán en función de la jornada reducida, pero no podrás ser menor al 55% de la remuneración pactada.

• Mientras dure la jornada reducida, la empresa no podrá repartir dividendos ni despedir a sus empleados.

• Así mismo, mientras dure la emergencia sanitaria y de manera excepcional se podrá extender la jornada de trabajo sin el pago de recargos.

• Si hubiere despidos, la indemnización se calculará tomando como base la última remuneración mensual percibida por el trabajador antes de la reducción de la jornada.

No se requiere la presencia física del trabajador en un sitio específico. Por tanto, las obligaciones de las partes se ejercen de manera remota.

Puede pactarse en el contrato de trabajo o a través de adendum. El salario se pacta según las normas generales. En cualquier caso, se sujetará a lo dispuesto en la norma.

Los teletrabajadores gozarán de los mismos derechos individuales y colectivos previstos en la ley.

Formas de prestar teletrabajo

• Autónomos: Utilizan su propio domicilio. Trabajan siempre fuera de la empresa, donde solo acuden en ciertas ocasiones.
• Móviles: No tienen un lugar de trabajo establecido. Su trabajo se realiza a través de los dispositivos móviles.
• Parciales: Laboran ciertos días desde casa y ciertos días en la oficina del empleador.
• Ocasionales: Realizan sus actividades en ocasiones o circunstancias convenidas.

Se considera teletrabajo únicamente cuando la labor se desempeña en el domicilio del trabajador o en otro sitio determinado. No así cuando se preste en lugares habilitados por el empleador, aunque no sea en las dependencias de la empresa.

El trabajador tendrá derecho a desconectarse de sus actividades laborales por lo menos doce horas continuas en un periodo de 24 horas. Así como en días de descanso, permisos o feriados anuales.

El empleador deberá proveer todas las herramientas necesarias para el desarrollo de las actividades del teletrabajador y además informar de dicha vinculación a la autoridad de trabajo. Este último emitirá normativa secundaria al respecto.

La Disposición Reformatoria Cuarta del Informe para Segundo Debate del proyecto de ley agrega un inciso final al artículo 169 del Código del Trabajo en los siguientes términos:

“En la causa establecida en el numeral 6, la imposibilidad de realizar el trabajo por caso fortuito o fuerza mayor estará ligada al cese total y definitivo de la actividad económica del empleador, sea persona natural o jurídica; y cuando el trabajo no se pueda llevar a cabo tanto por medios físicos habituales como por medios alternativos que permitan su ejecución, ni aún por medios telemáticos.

También habrá imposibilidad cuando exista prohibición expresa de autoridad competente de la realización de la actividad en particular, derivada del caso fortuito o fuerza mayor”.

Con ello, la norma propuesta limita la aplicación de la causal de fuerza mayor a tres supuestos: (1) Si la actividad económica del empleador cesa por definitivamente; (2) Si el trabajo para el que fue contratado el empleado no se puede llevar a cabo por ningún medio, ni ordinario ni alternativo y (3) Si existe prohibición expresa de autoridad competente que impida realizar el trabajo.

Se aplicará esta disposición para el régimen voluntario.

• El trabajador de tener al menos 24 aportaciones no simultáneas, las 6 últimas deben ser continuas e inmediatamente anteriores a la contingencia.

• Encontrarse en desempleo por al menos siete días. Anteriormente, se requería estar cesante por 60 días.

• Solicitar la prestación desde el día 8 de estar desempleado y hasta el día 45.

• No ser jubilado.

• El trabajador de tener al menos 24 aportaciones no simultáneas, las 6 últimas deben ser continuas e inmediatamente anteriores a la contingencia.

• Encontrarse en desempleo por al menos diez días. Anteriormente, se requería estar cesante por 60 días.

• Solicitar la prestación desde el día 8 de estar desempleado y hasta el día 45.

• No ser jubilado.

• Debe verificarse el aviso de salida registrado por el Empleador en el IESS.

el COVID-19.

El fideicomiso financiará, de forma prioritaria, a aquellas empresas que cumplan con las siguientes condiciones:

a. Sean micro, pequeñas y medianas empresas, incluidas las del sector agrícola y ganadero.

b. Hayan suscrito acuerdos de preservación de fuentes de trabajo; y

c. Pertenezcan a aquellos sectores o territorios que han sido más afectados por la pandemia causada por el COVID-19.